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In: Juventud y mercado laboral: brechas y barreras - LC/R.2131 - 2006 - p. 215-253

Sprache: Spanisch

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In: Juventud y mercado laboral: brechas y barreras - LC/R.2131 - 2006 - p. 169-213

Sprache: Spanisch

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Inhalt: Presentación En el marco del convenio suscrito entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la República Federal de Alemania (por medio de la agencia de cooperación GTZ), y orientado al subsector de hidrocarburos de América Central, la Unidad de Energía de la sede subregional de la CEPAL en México ha venido publicando informes anuales sobre el abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano. El presente informe corresponde al año 2001, y forma parte de las actividades aprobadas por los directores generales de hidrocarburos (o instancias equivalentes) de los países del Istmo Centroamericano, para el proyecto mencionado. En el documento se expone una actualización de la estructura del consumo de derivados del petróleo, las actividades de refinación y almacenamiento, la procedencia de las importaciones de hidrocarburos, los costos del abastecimiento y, por segunda ocasión, se incluye la composición y análisis de la estructura de precios al consumidor de los principales combustibles. La coordinación del informe ha estado bajo la responsabilidad del señor Fernando Cuevas, jefe de la Unidad de Energía de la sede subregional de la CEPAL en México, y contó con la participación del consultor del proyecto CEPAL/República Federal de Alemania, señor Luis Fernández, así como del experto en la base de datos de hidrocarburos, señor Eugenio Torijano. Finalmente, la CEPAL deja constancia expresa de su reconocimiento a las Direcciones Generales de Hidrocarburos (o instancias equivalentes), cuya información fue necesaria para la elaboración de este informe.

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Sprache: Spanisch

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Inhalt: Presentación En virtud del convenio entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la República Federal de Alemania (a través de la agencia de cooperación GTZ), destinado para el subsector de hidrocarburos de América Central, la Unidad de Energía de la Sede Subregional de la CEPAL en México ha venido publicando informes anuales sobre el abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano. Dentro de esta cooperación conviene mencionar que en el año 1998 finalizó la VI fase del proyecto para el mejoramiento del abastecimiento de hidrocarburos para la región, pero durante el año siguiente comenzó la ejecución de un nuevo proyecto denominado Uso sustentable de los hidrocarburos, que cubre los temas de uso eficiente y protección ambiental. El presente informe, correspondiente al año 2000, forma parte de las actividades aprobadas por los directores generales de hidrocarburos (o instancias equivalentes) de los países del Istmo Centroamericano para el proyecto mencionado. En el documento se expone una actualización de la estructura del consumo de derivados del petróleo, de las actividades de refinación y almacenamiento, así como de la procedencia de las importaciones de hidrocarburos y los costos del abastecimiento. En esta ocasión, por primera vez se incluye la composición y análisis de la estructura de los precios al consumidor de los principales combustibles. Finalmente, la CEPAL deja constancia expresa de su reconocimiento a las Direcciones Generales de Hidrocarburos (o instancias equivalentes), que dieron toda la información necesaria para la elaboración de este informe.

Sprache: Spanisch

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ISBN: 9213223609

Serie: Serie Políticas Sociales 83

Inhalt: El documento aborda la problemática indígena en Bolivia tanto desde la perspectiva de sus condiciones de exclusión y vulnerabilidad sociales, como respecto del creciente peso político y ciudadano de los pueblos indígenas en el país. Cerca del 62% de la población de Bolivia se considera indígena, de la cual la mayoría es de origen quechua y aymara. De este total, el 52,2% vive en áreas urbanas y el 47,8% en áreas rurales. El 78% de los hogares indígenas pobres no cuenta con acceso a agua potable y el 72% carece de servicio sanitario, y sus tasas de mortalidad infantil son las más altas de Sudamérica. La diferenciación étnica de los hogares constituye un factor explicativo de pobreza en Bolivia y los idiomas que conoce o habla el jefe de hogar es el dato que ayuda a identificar dicha condición étnica. En este sentido, para 1995 se observa una desigualdad significativa en la incidencia de pobreza de los jefes de hogar que hablan sólo castellano (37,1%) y los que hablan idiomas nativos (67%). Si se acepta la hipótesis de la relación entre condición étnica (monolingües o bilingües) con antecedentes migratorios pasados o recientes, puede concluirse que estos grupos de hogares tienen menor probabilidad de salir de la pobreza, habida cuenta de su desventaja para lograr una inserción laboral ligada a su vez a los aspectos de discriminación laboral y menor dotación de capital humano. En efecto, a las brechas de ingresos entre indígenas y no indígenas se añaden fuertes brechas en logros educacionales. La pobreza indígena urbana tiene relación directa con la situación precaria de inserción laboral que acoge preferentemente mano de obra indígena migrante en el sector informal de la economía. Esto redunda en la calidad del empleo y las oportunidades de acceder a fuentes de ingresos; en contraste, la pobreza indígena rural se explica por la falta de infraestructura productiva, de articulación con los determinantes de la productividad agrícola y pecuaria, y de adecuado acceso a mercados de bienes agropecuarios. El 67% de los empleos más vulnerables y precarios, lo ocupan indígenas, y el 28% de los empleos semicalificados son para indígenas. Paralelamente, solo el 4% de trabajadores indígenas ocupan trabajos que requieren mayor calificación. La construcción de una ciudadanía indígena" en Bolivia se ha hecho sobre la base de consolidar un fuerte sistema de demandas, las que han estado vinculadas, primero, a la defensa del régimen de tierras de las comunidades y, más tarde, a la reivindicación del reconocimiento de su existencia política. En los últimos años, varios han sido los movimientos sociales protagonizados por pueblos indígenas y originarios, con los que han buscado consolidar un sistema de derechos que no vulnere la estabilidad de las comunidades rurales ni de las familias indígenas que viven en las ciudades. El primero de estos movimientos se ha conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad ocurrido en 1990. El segundo fue el Movimiento de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida en el año 2000. El tercero fue, y sigue siendo, el Movimiento de las Comunidades Indígenas Aymara del Altiplano en el año 2000 organizado en torno a la CSUTCB. El cuarto se refiere al Movimiento de los Campesinos Cocaleros del Chapare, en defensa de la hoja de coca a partir del año 2001. El movimiento social indígena en Bolivia ha mostrado en los últimos años una capacidad inusitada de reconstrucción de la acción colectiva, rebasando los márgenes de la institucionalidad. La comprensión del fenómeno gradual de la formación de esa ciudadanía indígena requiere el análisis de las maneras formales e informales de participación."

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Sprache: Spanisch

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ISBN: 9213222823

Serie: Serie Políticas Sociales 76

Inhalt: Chile enfrenta actualmente un escenario en el cual el tema indígena cobra especial relevancia, tanto por la creciente visibilidad y movilización de los propios movimientos indígenas, como por la presencia e institucionalidad que estos actores adquieren en la política y el espacio públicos. En esta nueva inflexión histórica, el tema se presenta con toda la carga legendaria de exclusión de la población indígena y de su negación ciudadana. Este hecho fuerza a centrar el debate y la acción a en un doble registro, a saber, el de la superación de las inequidades y el reconocimiento efectivo de la participación política del actor indígena. En este sentido, el rango de ciudadanía incompleta que padecieron por siglos los pueblos indígenas parece haber estado muy asociado a su condición desfavorable en términos de equidad, medida por ingresos, empleo, educación, salud y otras variables. La desigualdad ciudadana ha ido secularmente entrelazada con la inequidad socioeconómica, en un largo proceso histórico teñido por la colonización, la dominación, la enajenación de recursos y la falta de reconocimiento del estatus de ciudadanía plena.En relación con las inequidades y sobre la base de la información que provee la Encuesta sobre Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN);, se advierte la desventaja comparativa de la población indígena en materias tan decisivas como el ingreso, la calidad del empleo, la educación y la salud. Como consecuencia de todo ello, se muestra que los niveles de pobreza son muy superiores en la población indígena con respecto a los de la población nacional en su totalidad. Según los resultados de la CASEN de 1996, el 35,6 por ciento de la población indígena chilena vivía en condición de pobreza, mientras que ésta sólo afectaba a 22,7 por ciento de la población no indígena. Es decir, ese año existió una brecha de 12,9 puntos porcentuales. Particularmente importante era la distancia en cuanto al nivel de indigencia, dado que los indígenas duplicaban a los no indígenas. Para el año 2000, esta situación no varió sustancialmente. La evolución de la pobreza indígena mostró que ésta aumentó en seis de las trece regiones en que se divide el país, en tanto que para la población no indígena sólo se incrementó en la Región Metropolitana.Respecto al reconocimiento, la participación y la ciudadanía indígenas, las dinámicas de los propios movimientos han colocado sobre el tapete demandas fuertes al Estado, al sistema político y a la sociedad chilena en general. En esta dirección, tres son los elementos fundamentales para fortalecer la relación entre el Estado y los indígenas: la existencia de un mecanismo de resolución política de controversias entre desarrollo nacional e identidad cultural de los indígenas; un sistema efectivo de participación indígena en la toma de decisiones, y el fortalecimiento de una legislación que contemple los derechos del mundo indígena. Se han producido avances significativos en el campo político institucional, a partir de la promulgación de la Ley Indígena y de la puesta en marcha de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI);. Pero la tendencia reciente es que las movilizaciones y demandas indígenas sobrepasan la "capacidad instalada" para responder a ellas desde el Estado y el sistema político.Por último, el documento enfatiza el hecho de que tanto las políticas vigentes como los recursos y los espacios de participación disponibles tienden a concentrarse en los indígenas de zonas rurales, lo cual deja en una situación incierta, como beneficiarios de la política social y como actores políticos, al gran contingente de población indígena actualmente asentado en zonas urbanas.

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Serie: Serie Recursos Naturales e Infraestructura 146

Inhalt: La insuficiente cobertura y mala calidad de los servicios de agua potable y saneamiento no sólo dañan la salud de la población y contribuyen al recrudecimiento de la pobreza sino que, además, afectan el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico, la inserción de los países en una economía globalizada, la estabilidad política, la cohesión social y disponibilidad de agua para diversos usos, tanto relacionados con el desarrollo productivo como con los intereses sociales y ambientales. La pobreza sin acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, se convierte en un estado difícil de superar por cuanto se asocia al hambre y las enfermedades, impide el empleo estable y afecta negativamente la asistencia escolar. Por estas razones, la provisión de servicios de agua potable y saneamiento seguros y de buena calidad para toda la población, debiera representar un objetivo de máxima prioridad para los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe. En el presente documento, que recoge los resultados de tres estudios preparados por expertos latinoamericanos para la Conferencia Regional 2008 "Políticas para servicios de agua potable y alcantarillado económicamente eficientes, ambientalmente sustentables y socialmente equitativos" (sede de la CEPAL, Santiago de Chile, 23 y 24 de septiembre de 2008), se analizan experiencias recientes de los países de la región en tres áreas de políticas públicas consideradas prioritarias para poder avanzar en la solución de problemas urgentes de cobertura, calidad, eficiencia y sustentabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento: (i) el perfeccionamiento de los marcos regulatorios sectoriales; (ii) el autofinanciamiento de organismos prestadores; y (iii) la consolidación de la estructura horizontal de la industria.

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ISBN: 9213220170

Serie: Serie Recursos Naturales e Infraestructura 42

Inhalt: ResumenDurante el periodo de 1993 a 1997 se produjo la reestructuración del sector energético en Bolivia. Estos cambios en el sector energético buscaban una adecuación a la nueva realidad económica, promoviendo la participación del sector privado, desregulando los mercados energéticos e incrementando la eficiencia y competitividad entre los actores.Bajo el diagnóstico de que existía un estancamiento con el modelo de desarrollo vigente y de que era necesario romper el ciclo de la pobreza, el Gobierno de Bolivia promulgó la Ley de Capitalización que fundamentalmente abre el ingreso de capitales privados en las empresas estatales, generando sociedades anónimas mixtas. El ajuste estructural apuntaba también a la reducción del déficit fiscal.Las reformas del sector energético boliviano, en sus aspectos centrales, fueron completadas en 1995, con la promulgación de las leyes de Electricidad, de Hidrocarburos y, la implementación de las respectivas superintendencias de Electricidad e Hidrocarburos. En éste marco se capitalizó las empresas estatales de generación de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional como también el 'upstream' en hidrocarburos. Hasta mediados de 1997, se privatizó la transmisión tanto de gas natural como de electricidad. A esta fecha, más del 90% de la estructura eléctrica nacional estaba ya en manos del sector privado. Finalmente entre 1999 y el año 2000 se privatizaron las 3 refinerías existentes en el país, con lo que concluyó el proceso de transferencia del sector energético del sector público, al sector privado.Al año 2000 la reforma muestra sus primeros resultados: en el sector hidrocarburos se ha concretado el gasoducto Bolivia–Brasil, lo cual a su vez ha incrementado el nivel de las reservas de gas natural y se han realizado importantes inversiones en generación eléctrica para cubrir el crecimiento de la demanda. Para fines de éste periodo, en el sector eléctrico se abrirá a la competencia la generación de electricidad y, en la venta de energía a nivel de grandes consumidores y distribuidoras, superando el periodo de transición donde las generadoras preferían vender su energía en el mercado spot, antes que tener contratos de suministro con las diferentes distribuidoras de electricidad.Sin embargo, esta imagen es solamente una parte de la realidad. Utilizando como eje de análisis de las reformas y sus resultados los indicadores de sostenibilidad del sector energético , se muestran deficiencias que aún se deben salvar para lograr un acercamiento a los principios del desarrollo sostenible. Esto es claramente visible cuando se analiza el desarrollo del plano social, donde se muestra las contraposiciones existente entre la política social y la actual política económica.Por otro lado, los movimientos sociales en Bolivia han demostrado que el modelo de desarrollo encarado en el país, dificulta el saldar la deuda social, lo que significa un riesgo para la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, pues de no iniciarse una política de Estado la pobreza será aún persistente en el país. En este contexto, el desarrollo del sector energético es vital. En virtud de la reforma, y las proyecciones de desarrollo, se le asignó la tarea de ser la 'locomotora del desarrollo', lo que no deja de ser evidente al revisar las cifras de inversiones y de movilización de recursos que maneja el sector, superior a otros rubros de la economía nacional.En este contexto, el estudio evalúa el grado de eficacia de la nueva organización productiva del sector, y sus aspectos institucionales y regulatorios enfatizando aspectos de cobertura, equidad y oportunidad para el acceso a la energía, a efecto de identificar los impactos de la reforma sectorial, frente a problemas vinculados con la seguridad, calidad, precios del suministro energético, cobertura, aspectos ambientales, etc. buscando respuestas a la situación actual en el marco existente de la reforma, complementándola, promoviendo cambios más estructurales e identificando acciones que permitan mejorar los indicadores de sostenibilidad del sector.

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Sprache: Spanisch

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